El Controversial Cierre del Centro de Inmigrantes en Pozuelo de Alarcón: ¿Legalidad o Discriminación?
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ordenado el cierre del centro de refugiados Creade, desatando un debate sobre legalidad y racismo preventivo.
Una Decisión Legalmente Controvertida
En una medida que ha generado tanto aplausos como críticas, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado el cese cautelar de actividades del centro de refugiados Creade. La razón: el inmueble no posee la licencia residencial necesaria para operar como tal, a pesar de funcionar con esta finalidad desde 2022.
El centro, que acoge a 400 personas y está destinado a recibir a 400 menores no acompañados de Canarias y Ceuta, fue diseñado inicialmente para usos hoteleros y educativos, según la autorización concedida en 2013. Sin embargo, el uso residencial nunca fue contemplado ni permitido por la normativa urbanística vigente.
Pozuelo de Alarcón y el Cumplimiento de la Ley
Desde el Ayuntamiento se defiende que el cierre del centro es una medida para asegurar el cumplimiento de la legalidad y proteger a los afectados, especialmente a los menores. Con una capacidad máxima para 564 personas, actualmente alberga a 404 residentes, lo que plantea un dilema sobre el uso del espacio urbano en la ciudad.
El Ayuntamiento insiste en que el centro está llevando a cabo actividades incompatibles con el planeamiento urbanístico de Pozuelo, lo que podría poner en riesgo a las personas allí acogidas si no se rectifica la situación.
Tensión Política y Acusaciones de Racismo Preventivo
La decisión no ha estado libre de polémica. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha calificado la medida como un acto de "racismo preventivo", argumentando que el centro lleva operando desde 2022 sin problemas significativos.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que hay mecanismos legales para asegurar que las autonomías cumplan con lo estipulado en la Ley de Extranjería, sugiriendo que las acciones del Ayuntamiento de Pozuelo podrían estar motivadas por discriminación.
Un Debate Que Resuena Más Allá de Pozuelo
La discusión sobre el cierre del centro de Pozuelo trasciende el ámbito local. Inma Sanz, alcaldesa en funciones de Madrid, ha señalado que la situación en Pozuelo es distinta a la de otros distritos como Carabanchel, reflejando las tensiones intergubernamentales y la complejidad del panorama migratorio actual.
Con el plan del Gobierno central de reubicar a los menores, la cuestión de cómo las ciudades manejan la inmigración sigue siendo un tema sensible que requiere soluciones equilibradas y justas.
¿Qué Nos Depara el Futuro?
El Ayuntamiento de Pozuelo, junto con la Tesorería General de la Seguridad Social y la entidad gestora del centro, tienen 15 días para presentar alegaciones. Mientras tanto, el Gobierno central deberá reubicar a los residentes actuales, asegurando que se cumplan las normativas vigentes.
Esta situación nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras ciudades están preparadas para manejar las complejidades de la inmigración y el asilo, y si las medidas adoptadas realmente reflejan un compromiso con la justicia y la equidad.
