Un Real Decreto en el Ojo del Huracán

En un movimiento que ha captado la atención nacional, la Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, promulgado por el Gobierno de España. Este decreto, considerado "forzoso y opaco" por las autoridades madrileñas, regula la reubicación de menores no acompañados desde Canarias hacia distintas comunidades autónomas, en situaciones de presión migratoria.

El Gobierno de Madrid argumenta que esta normativa vulnera competencias autonómicas exclusivas en materia de protección de menores y asistencia social. En palabras del Ejecutivo regional, el decreto es una maniobra política para perjudicar a comunidades gobernadas por el Partido Popular, mientras beneficia a sus socios nacionalistas, ya que Cataluña y el País Vasco no han recibido menores en este reparto.

La Batalla Legal: Un Camino Anunciado

No es la primera vez que Madrid y otras comunidades alzan la voz contra lo que consideran una invasión competencial. Previamente, el Real Decreto-ley 2/2025 también fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por 11 comunidades autónomas, incluyendo Madrid, debido a la falta de urgencia y al uso inapropiado de un decreto-ley para asuntos que deberían tratarse con ley orgánica.

La Administración madrileña ha formalizado su recurso ante el Tribunal Supremo, enfocándose en el respeto a las competencias autonómicas y buscando revertir un procedimiento que consideran arbitrario y discriminatorio.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Exigencias de Madrid

En paralelo al recurso, Madrid ha solicitado al Gobierno central toda la documentación técnica y jurídica que sustenta el reparto. Las solicitudes incluyen el acceso a la información del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RIENA) desde 2023, las métricas utilizadas para calcular la asignación como población, renta y tasa de desempleo, así como la fórmula de ponderación aplicada.

"El objetivo es garantizar la transparencia y el control legal del proceso", subrayan desde el Ejecutivo autonómico.

El Contexto: Un Desafío Migratorio en Aumento

La reubicación de menores no acompañados ha sido un tema candente en España, especialmente con el aumento de llegadas a las Islas Canarias. En 2022, Madrid atendió a más de 2,400 menores extranjeros no acompañados, poniendo de relieve la presión que enfrentan los servicios sociales de la región.

El Gobierno central, por su parte, defiende la necesidad de un reparto equitativo para aliviar el sistema de acogida de Canarias, aunque las críticas persisten por la forma en que se ha implementado el proceso.

Conclusión: Un Futuro Pendiente de Decisión

Madrid ha tomado una postura firme en defensa de sus competencias autonómicas y en busca de transparencia en un proceso que considera injusto. A medida que el Tribunal Supremo evalúa el recurso, el resultado podría sentar un precedente importante en la gestión migratoria y la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Este caso, más allá de sus implicaciones legales, subraya la necesidad de un enfoque colaborativo y transparente en la gestión de un desafío migratorio que no muestra signos de disminuir. La resolución de este conflicto podría redefinir cómo se gestionan estos temas críticos en el futuro cercano.